02/03/2009
El conflicto planteado al inicio de un nuevo ciclo lectivo vuelve a mostrar al conjunto de la sociedad que persisten muchos de los graves problemas que afectan a los docentes y al Sistema Educativo.
Mario Almirón*
Mario Almirón*
Frente a las huelgas anunciadas, se escuchan voces que reclaman el estricto cumplimiento del calendario escolar de 180 días, que en el año 2003 fijo la ley nacional 25864, a la vez que cuestionan la legitimidad de las protestas organizadas por el sector docente.
Tales enfoques descuidan un elemento esencial: la causa del conflicto. De nada sirve atacar las medidas de protesta y procurar sofocarlas para conseguir una “paz” y un “orden” aparentes y ficticios, si la raíz del conflicto subsiste intacta. La injusticia estructural es la causa profunda de las protestas; éstas son solo su manifestación externa. Intentar ahogarlas, solo conducirá a generar mayor malestar en la docencia, ya que sus frustraciones se acentuarán ante la incapacidad del Estado y la sociedad para reconocer su tarea y valorar con justicia sus aportes.
Hay que decirlo de manera clara y simple: los salarios docentes son injustos por insuficientes.
Un estudio cuantitativo realizado por el SADOP en diciembre del año pasado demuestra que el salario promedio del docente no cubre la canasta básica propia de un maestro jefe/a de hogar con hijos a cargo. Solo el 4,5% del total de los docentes encuestados tiene la capacidad de saldar los gastos. El consumo promedio de la canasta básica de las maestras y profesores de la enseñanza privada es de 4.039.99 pesos, mientras que los ingresos medios reconocidos por su actividad son de 1677 pesos. La supuesta imposibilidad de hacer frente a los reclamos de recomposición salarial que se repiten diariamente desde los Gobiernos Provinciales lleva a preguntarnos cuánto tiempo más debemos esperar para que nuestros legisladores nacionales debatan y sancione en el Congreso de la Nación una nueva ley de Coparticipación Federal que transforme el injusto esquema de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Cabe interrogarse si ese debate se impulsa desde la dirigencia con el mismo énfasis que se critican los paros de los trabajadores del sector público.
A ello se suma el deterioro en otras Condiciones de Trabajo que padecen numerosos docentes: ausencia de estabilidad laboral, aulas superpobladas, formación profesional inaccesible, pérdida de autoridad frente a los padres de los estudiantes. Todo ello en un marco general de falta de participación que parece obviar que los docentes son personas con derechos y no “objetos” o “piezas” de un engranaje que otros hacen funcionar.
Desde el ámbito gubernamental se anuncian nuevas transformaciones educativas, particularmente en la escuela secundaria. El estado de “reforma permanente” a que el Sistema Educativo Nacional ha sido sometido en los últimos años olvida y descuida el trabajo docente. Si no se jerarquiza su tarea y se mejoran continuamente sus condiciones de trabajo, ningún cambio serio será viable.
El conflicto debe ser solucionado en su profundidad: erradicar las causas de la injusticia. Ningún destino de grandeza tendrá nuestro País, si no reconoce en la educación el principal impulsor de su desarrollo integral.
*Sec. General del SADOP Córdoba/
CDN SADOP
Tales enfoques descuidan un elemento esencial: la causa del conflicto. De nada sirve atacar las medidas de protesta y procurar sofocarlas para conseguir una “paz” y un “orden” aparentes y ficticios, si la raíz del conflicto subsiste intacta. La injusticia estructural es la causa profunda de las protestas; éstas son solo su manifestación externa. Intentar ahogarlas, solo conducirá a generar mayor malestar en la docencia, ya que sus frustraciones se acentuarán ante la incapacidad del Estado y la sociedad para reconocer su tarea y valorar con justicia sus aportes.
Hay que decirlo de manera clara y simple: los salarios docentes son injustos por insuficientes.
Un estudio cuantitativo realizado por el SADOP en diciembre del año pasado demuestra que el salario promedio del docente no cubre la canasta básica propia de un maestro jefe/a de hogar con hijos a cargo. Solo el 4,5% del total de los docentes encuestados tiene la capacidad de saldar los gastos. El consumo promedio de la canasta básica de las maestras y profesores de la enseñanza privada es de 4.039.99 pesos, mientras que los ingresos medios reconocidos por su actividad son de 1677 pesos. La supuesta imposibilidad de hacer frente a los reclamos de recomposición salarial que se repiten diariamente desde los Gobiernos Provinciales lleva a preguntarnos cuánto tiempo más debemos esperar para que nuestros legisladores nacionales debatan y sancione en el Congreso de la Nación una nueva ley de Coparticipación Federal que transforme el injusto esquema de distribución de recursos entre la Nación y las Provincias. Cabe interrogarse si ese debate se impulsa desde la dirigencia con el mismo énfasis que se critican los paros de los trabajadores del sector público.
A ello se suma el deterioro en otras Condiciones de Trabajo que padecen numerosos docentes: ausencia de estabilidad laboral, aulas superpobladas, formación profesional inaccesible, pérdida de autoridad frente a los padres de los estudiantes. Todo ello en un marco general de falta de participación que parece obviar que los docentes son personas con derechos y no “objetos” o “piezas” de un engranaje que otros hacen funcionar.
Desde el ámbito gubernamental se anuncian nuevas transformaciones educativas, particularmente en la escuela secundaria. El estado de “reforma permanente” a que el Sistema Educativo Nacional ha sido sometido en los últimos años olvida y descuida el trabajo docente. Si no se jerarquiza su tarea y se mejoran continuamente sus condiciones de trabajo, ningún cambio serio será viable.
El conflicto debe ser solucionado en su profundidad: erradicar las causas de la injusticia. Ningún destino de grandeza tendrá nuestro País, si no reconoce en la educación el principal impulsor de su desarrollo integral.
*Sec. General del SADOP Córdoba/
CDN SADOP
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